La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) presentó una propuesta integral para actualizar la Ley Minera vigente desde 1971 (Ley 146-71), argumentando que la normativa actual no refleja la realidad institucional, constitucional ni ambiental del país.
El sector sostiene que la actividad minera continúa rigiéndose por un marco legal obsoleto, desconectado de la Constitución de 2010 y de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), lo que genera duplicidades, incertidumbre jurídica y procesos administrativos lentos que afectan tanto al Estado como a la confianza ciudadana.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de una Ventanilla Única Minera, concebida para centralizar y coordinar los permisos entre todas las instituciones públicas involucradas, incluyendo los ministerios de Energía y Minas, Medio Ambiente y Hacienda.
Según el documento, la ausencia de plazos definidos provoca que las solicitudes de exploración alcancen en promedio 665 días en minería metálica y 654 días en minería no metálica, con 287 solicitudes de exploración actualmente pendientes. La nueva ley establecería plazos claros, trazabilidad de expedientes, motivación técnica de decisiones y mecanismos de recurso, eliminando el llamado “silencio administrativo” que paraliza proyectos e inversión.
Seguridad jurídica y estabilidad económica
El sector plantea que la nueva legislación debe ofrecer reglas claras y estables a largo plazo, respetando el principio de irretroactividad y estableciendo un régimen tributario previsible.
Según CAMIPE, la minería representó el 51.91 % de las exportaciones nacionales en 2025, generando más de RD$25,000 millones en tributos y regalías en el primer semestre de ese año.
El documento señala que solo con estabilidad jurídica y fiscal se puede atraer inversión responsable a largo plazo, dado que los proyectos mineros requieren horizontes de varias décadas y altos niveles de capital.
Rigor ambiental y monitoreo en tiempo real
La propuesta establece un modelo ambiental preventivo, que sustituye el control reactivo tradicional por vigilancia tecnológica continua. Esto incluye:
- Sensores y telemetría para monitorear agua, aire y suelo en tiempo real.
- Protocolos mínimos de calibración, custodia de datos y auditorías independientes.
- Publicación de resultados en plataformas de acceso público.
- Definición de zonas de exclusión o “no-go zones” basadas en criterios científicos y territoriales.
Además, el sector propone que los planes de cierre de cada operación minera se financien desde el inicio con garantías financieras intocables, asegurando la restauración ecológica del territorio, independientemente de la situación futura de la empresa.
Desarrollo territorial y valor compartido
CAMIPE propone que el 5 % de los beneficios netos de los proyectos mineros se destine directamente a los territorios impactados mediante esquemas públicos de administración y seguimiento, como fideicomisos, con auditoría independiente y publicación de proyectos.
El documento menciona ejemplos recientes de impacto territorial, como la construcción de la carretera Copey Los Martínez con inversión superior a RD$178 millones, la rehabilitación de acueductos y centros educativos, y la formación de más de 11.000 dominicanos en competencias técnicas.
El objetivo es que la actividad minera genere beneficios tangibles y sostenibles, incluyendo infraestructura, servicios públicos y desarrollo económico diversificado, que permanezcan en los territorios incluso después de finalizada la explotación de los recursos.
Transparencia, fiscalización y estándares internacionales
La propuesta enfatiza que la nueva ley debe fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, alineándose con estándares internacionales como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
Las empresas asumirían fiscalización permanente, preventiva y externa, incluyendo auditorías independientes, publicación de estudios y monitoreo continuo de variables críticas. Según CAMIPE, “quien no cumpla rigurosamente con la ley pierde el derecho a operar”.
El sector plantea que el debate legislativo debe involucrar Congreso, academia, gobiernos locales, comunidades y otros actores sociales. Además, antes de someter el proyecto de ley, debe existir alineamiento institucional entre los ministerios y la Consultoría Jurídica para evitar contradicciones y garantizar que la ley sea operativa desde su entrada en vigencia.
La propuesta subraya que la nueva legislación no busca concesiones al sector privado, sino establecer reglas más exigentes, claras y verificables para una actividad estratégica, fortaleciendo la rectoría del Estado y asegurando beneficios medibles para la ciudadanía.
CAMIPE plantea un pacto nacional por una minería responsable, basado en:
- Reglas claras y exigibles.
- Instituciones fuertes y coordinadas.
- Compromisos verificables con la ciudadanía.
- Desarrollo territorial tangible y sostenible.
- Rigor ambiental y planes de cierre garantizados.
Según la organización, solo bajo estas condiciones la minería podrá consolidarse como actividad legítima, responsable y alineada con la visión de desarrollo sostenible de la República Dominicana hacia 2036.
