- La visión del sector es transformar el aporte fiscal minero en un instrumento de inversión local garantizada, para que la riqueza generada garantice el impacto y confianza en el territorio mediante un modelo de auditorías independientes y vigilancia ciudadana.
- Con un sector que aporta más del 50% de las exportaciones nacionales, la nueva Ley Minera busca que el bienestar local sea una obligación financiera y no una opción.
En los territorios donde opera la minería, el desarrollo debe sentirse en la vida cotidiana de las comunidades: en mejores caminos, acueductos, escuelas, centros de salud, transporte, capacitación técnica, empleo local y nuevas oportunidades productivas. Partiendo de esta visión y reconociendo al ciudadano como beneficiario directo del desarrollo minero, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) plantea que su propuesta de modernización legal no debe limitarse a reconocer el 5 % de los beneficios netos destinados a los municipios mineros, sino que debe institucionalizar su gobernanza, definiendo reglas claras para su administración, fiscalización y priorización de obras de alto impacto, garantizando que la riqueza del subsuelo se traduzca en bienestar visible y medible para sus habitantes.
Este planteamiento busca corregir una deuda histórica, moviendo el eje de la discusión hacia un modelo de valor compartido y responsabilidad institucional.
“El 5 % ya existe como principio de compensación territorial. Lo que necesitamos ahora es que la ley establezca una gobernanza clara para que esos recursos no se diluyan, sino que lleguen a obras prioritarias, auditables y verificables por las comunidades. La conexión entre minería y desarrollo local debe ser directa, transparente y medible”, expresó Martin Valerio, director ejecutivo de Camipe.
En ese sentido, Camipe propone que la nueva ley establezca un modelo de gobernanza del 5 % basado en planificación municipal, participación comunitaria, priorización técnica de obras, ejecución transparente, auditorías independientes, publicación periódica de resultados y mecanismos de vigilancia ciudadana. El objetivo es que estos recursos no sean absorbidos por el gasto corriente ni por decisiones discrecionales, sino orientados a proyectos estructurales que eleven la calidad de vida y la competitividad de los territorios mineros.
La relevancia del sector minero es hoy indiscutible para la estabilidad nacional. Actualmente, la minería representa más del 50 % de las exportaciones nacionales del país y genera un aporte fiscal anual que supera los RD$45,000 millones. Sin embargo, Camipe sostiene que el éxito macroeconómico debe ir acompañado de una microeconomía robusta en los municipios mineros.
La propuesta de modernización de la ley institucionaliza estos aportes mediante instrumentos públicos de gestión territorial, permitiendo que se traduzcan en infraestructura crítica y en la diversificación productiva de la zona. Bajo este esquema, la propuesta especifica que los fondos deberán priorizar el desarrollo de agua potable y saneamiento, la mejora de caminos vecinales, carreteras secundarias y conectividad territorial, así como el fortalecimiento de centros de salud, escuelas y formación técnico-profesional. Asimismo, se contempla la inversión en infraestructura productiva local y en obras ambientales estratégicas como la reforestación, el manejo de cuencas y la remediación territorial. Este mecanismo asegura que los fondos se ejecuten con transparencia, bajo un modelo de auditorías independientes y monitoreo ciudadano constante.
Alineación con la Meta RD 2036
La modernización del marco legal, que actualmente data de 1971, es vista por los expertos como la única vía para alinear al sector con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) y la Meta RD 2036, iniciativas que comparten objetivos fundamentales de crecimiento económico sostenido, reducción de brechas territoriales, fortalecimiento institucional y uso responsable de los recursos naturales. Integrar la minería a la planificación económica nacional bajo reglas previsibles es clave para atraer la inversión extranjera que el país necesita.
Las oportunidades que se abren con una nueva ley minera trascienden al sector extractivo. Una normativa actualizada fortalece la capacidad del Estado para planificar, coordinar sus instituciones y convertir los recursos naturales en desarrollo sostenible y beneficios tangibles para la ciudadanía.
Al respecto, Roberto Despradel, CEO de Despradel & Asociados, destacó la magnitud del sector en la economía dominicana, al destacar que “la inversión extranjera del sector minero el año pasado superó los US$260 millones , de acuerdo al Banco Central”. Añadiendo que el fortalecimiento del marco jurídico es la pieza que falta para consolidar la legitimidad social y garantizar que la inversión se traduzca en desarrollo sostenible”.
Con esta propuesta, CAMIPE reafirma que la actualización de la normativa minera no es un privilegio para las empresas, sino una herramienta de Estado para convertir los recursos naturales en un legado de estabilidad, transparencia y bienestar tangible para todos los dominicanos.
