Cumplir las reglas protege a las personas y al entorno.
La confianza de una comunidad no se gana con palabras, sino con hechos visibles. En minería, esos hechos comienzan por cumplir cada norma y cada requisito que protege tanto a las personas como al medioambiente. Antes de poner en marcha una operación, se realizan estudios de impacto ambiental con consultas públicas que garantizan que la voz de los vecinos se escuche y que los riesgos estén claramente identificados y controlados.
Los planes de cierre de minas son otro ejemplo de esta responsabilidad. Lejos de improvisarse al final, se diseñan desde el inicio y deben estar respaldados con fideicomisos financieros, asegurando que, pase lo que pase con una empresa, los recursos para restaurar el entorno siempre estarán disponibles. Eso significa que las comunidades no quedan desprotegidas y que el compromiso de recuperación se cumple desde el primer día.
Hacer las cosas bien también se refleja en la transparencia. Cada empresa está obligada a reportar sus aportes fiscales y a detallar sus proyectos sociales, permitiendo que tanto el Estado como las comunidades conozcan con claridad en qué se invierten los recursos. Cumplir con esta rendición de cuentas ha abierto puertas al diálogo y ha reforzado la confianza en los lugares donde la minería opera.
En este sector, el cumplimiento no es un obstáculo ni un trámite más: es la condición que asegura estabilidad, atrae inversión responsable y convierte la minería en un aliado del desarrollo sostenible.
