Por: Pedro Esteva
Presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana | CAMIPERD
En las últimas semanas he reafirmado una convicción: no podemos hablar de futuro si no empezamos por fortalecer la institucionalidad y la rectoría del Estado. Entendemos que el desarrollo sólo es sostenible cuando se apoya en reglas claras y en una supervisión pública rigurosa. Por eso, hoy más que nunca, es vital escuchar las inquietudes genuinas sobre la minería, especialmente en lo que respecta al cuidado del agua y la protección efectiva de nuestro entorno. Estas no son simples dudas; son preocupaciones legítimas que merecen ser atendidas con controles estrictos y hechos verificables.
Reconocemos que la confianza no es algo que se pueda dar por sentado, sino que debe cimentarse en un marco legal sólido. Un marco legal de 1971 no fue diseñado para la República Dominicana de hoy, una sociedad que, con razón, una rectoría estatal moderna que garantice más participación y una protección rigurosa de sus ecosistemas. Esta brecha entre la ley antigua y las exigencias actuales genera una incertidumbre que nos afecta a todos, y nuestra posición ha sido clara desde el principio: es necesario fortalecer las reglas del juego para que el Estado pueda ejercer una supervisión real y efectiva.
Por eso, nuestra propuesta de actualización no nace de una búsqueda de beneficios para las empresas, sino de la responsabilidad de dar respuesta a esas inquietudes. No hablamos de pedir "fe ciega", sino de establecer mecanismos de verificación permanente, de monitoreo y rendición de cuentas. Entendemos que el temor al impacto en la gestión del recurso hídrico debe abordarse con ciencia; por ello, planteamos sustituir la fiscalización de papel por sistemas de monitoreo en tiempo real, donde los datos sean la garantía que brinde tranquilidad a las autoridades y a la ciudadanía por igual.
Del mismo modo, sabemos que existe una inquietud histórica sobre la restauración de los territorios tras la actividad. La respuesta a esto debe ser una obligación técnica y financiera indiscutible: proponemos que la garantía para la remediación ambiental exista desde el inicio de las operaciones. No como una promesa de futuro, sino como una obligación financiera verificable y ejecutable desde el primer día, que asegure que cada área sea devuelta bajo estándares técnicos de sostenibilidad.
Más que buscar una validación propia, queremos abrir un espacio donde la ciencia y la rendición de cuentas sean el lenguaje común. Sabemos que tenemos mucho por mejorar y que la minería responsable es un ejercicio de aprendizaje y apertura constante.
Este es un llamado a elevar el estándar de nuestra supervisión nacional. En CAMIPE no buscamos privilegios, sino una institucionalidad que no deje espacio a la discrecionalidad. La discusión de fondo que el país merece no es sólo cuánta minería podemos tener, sino bajo cuáles reglas, con cuáles controles y con qué legitimidad social debe desarrollarse esta actividad para beneficio de todos los dominicanos.
