Seguridad y medioambiente como pilares del desarrollo minero.
La minería formal en República Dominicana avanza bajo un principio claro: ningún proyecto puede operar sin garantizar la seguridad de las comunidades y la protección del medioambiente. Por eso, la actualización de la Ley Minera 146-71 incorpora normas más estrictas para reforzar la salud, la seguridad y el uso responsable del suelo.
Cada concesión debe contar con estudios de impacto ambiental, procesos de consulta pública y planes de monitoreo permanente. Estas herramientas aseguran que el aire, el agua y los suelos sean resguardados y que las comunidades tengan voz en las decisiones que afectan su entorno.
Los ejemplos en el país muestran cómo la regulación puede traducirse en beneficios tangibles. En Jarabacoa, Cementos Cibao ha respaldado durante más de dos décadas el geriátrico Margarita Herrera, garantizando cuidados dignos para 90 adultos mayores. En San Juan, GoldQuest impulsa proyectos de reforestación y ecoturismo que diversifican la economía rural mientras protegen las cuencas hídricas. Y en Monseñor Nouel, Cormidom trabaja junto a autoridades locales en la limpieza de vertederos comunitarios para reducir la contaminación y mejorar la salud de la población.
El sector minero reconoce que estas normas no son obstáculos, sino garantías de que el desarrollo se haga con responsabilidad. Pero también plantea que los procesos deben gestionarse con mayor eficiencia, porque cada retraso en permisos y concesiones significa un hospital menos renovado, un acueducto que tarda en llegar y una comunidad que sigue esperando.
Una minería responsable requiere regulaciones firmes, pero también instituciones ágiles que hagan posible que los beneficios se materialicen en el momento en que la gente los necesita.
