La actualización de la Ley Minera 146-71 busca confianza y beneficios compartidos.
La Ley Minera 146-71, junto a la Ley 123-71 sobre extracción de materiales de la corteza terrestre, lleva más de cinco décadas sin actualizarse. Hoy, República Dominicana avanza hacia un nuevo marco regulatorio que responda a los estándares ambientales, sociales y fiscales del siglo XXI.
El sector minero propone que la nueva normativa asegure reglas claras y estables, con tres grandes objetivos: fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversión responsable, garantizar que los beneficios lleguen de manera justa a comunidades y al Estado, y reforzar la transparencia con procesos participativos y fiscalización efectiva.
Entre las medidas más relevantes, el anteproyecto incluye la creación de un régimen fiscal más equitativo, la obligación de destinar un 5% de los beneficios netos a proyectos sociales y de infraestructura en comunidades mineras, y la incorporación de una sección específica para regular la extracción de materiales de construcción, para actualizar el régimen minero vigente.
El proceso está en fase de consulta pública y busca convertirse en un consenso nacional. No se trata de pedir privilegios, subraya el sector, sino de eliminar la burocracia que retrasa proyectos y de consolidar instituciones capaces de regular con eficiencia.
El desarrollo minero no puede seguir viéndose como una excepción. Debe ser parte de la planificación del desarrollo nacional, vinculado a metas concretas como duplicar el PIB, reducir la pobreza rural y cerrar brechas de infraestructura. Para eso, se necesita no solo inversión, sino también instituciones que funcionen al ritmo del desarrollo.
Un marco legal renovado será la base para que la minería dominicana se proyecte al futuro con confianza, competitividad y beneficios compartidos que permanezcan en el territorio.
